• Por Rayma Elena Hernández
• «Ya estoy libre...», afirmó Posada Carriles a Radio Mambí,  de Miami… El fiscal general de EE.UU. no está de acuerdo… Pero ni él ni su Gobierno hacen nada… Obviamente discrepamos.

 «Con todo respeto, puedo decir que discrepo con la jueza», afirmó el Secretario de Justicia estadounidense, Alberto González, sobre la decisión de liberar de cargos migratorios al terrorista Luis Clemente Faustino Posada Carriles.
Cuestionado en la audiencia del Congreso sobre el despido masivo de un grupo de fiscales que investigaban casos de corrupción en la Casa Blanca, tuvo que responder, además, a las interrogantes sobre el caso de Posada formuladas por el legislador demócrata por Massachusetts, Bill Delahunt.

 Entonces, mostró su inconformidad con el fallo de la jueza federal Kathleen Cardone, de El Paso, y, de paso, como fiscal general al fin que es, rechazó las críticas de esta a la Fiscalía.¿Qué había dicho la letrada?
Varios reportes de prensa este 8 de mayo reproducían párrafos del informe de 38 páginas presentado por Kathleen Cardone.
«Además de cometer fraude, engaño y tretas, este tribunal considera que las tácticas del gobierno son tan burdamente chocantes y tan escandalosas que violan el sentido universal de la justicia.»
«La prueba es abrumadora en el sentido de que el Gobierno manipuló inapropiadamente la administración de la justicia criminal para asegurar una acusación.»
«[...] “el ámbito de este caso no es, como algunos han sugerido, el terrorismo. Es fraude migratorio, y la determinación de clasificar o no a un individuo como terrorista es discreción de la rama Ejecutiva”.»Que le dieran borrón (y sin cuenta nueva) a aquella mentirita sobre el cruce de la frontera terrestre con México, no está bien. Un país «requiere de un sistema de inmigración digno de Estados Unidos, con leyes justas y fronteras seguras», como dijo su presidente George Bush en su discurso del 23 de enero de 2007, y puede leerse en el sitio de la mismísima Casa Blanca. Tampoco está bien que le perdonaran el pasaporte falso guatemalteco y que negara conocer bien a los miembros de la tripulación del barco Santrina, donde viajó realmente.
Por cierto, dos de ellos, Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, ya casi están libres, pues les reducirán su condena de cuatro y tres años, respectivamente, por cargos de conspiración para poseer armas. Todo en pago por haber entregado a las autoridades federales un nuevo alijo de artefactos no relacionados con su caso.Pero esta no es la historia de una jueza federal que el 19 de abril le concedió la libertad bajo fianza al ilegal Luis Posada Carriles, y 72 horas antes de iniciarse el proceso, le anuló los siete cargos de fraude migratorio...
Su competencia, que deja bien clara en el documento, no le daba para  más, y cuanto más, lo habría podido retener unos meses; eso si la suma de todas la penas no terminaba dando «cero». Esta es la historia del terrorista que jugó un singular juego a los «escondidos» en el país que le declaró la guerra al terrorismo: él no se escondía y nadie lo buscaba. Para cogerlo, habría bastado llamarlo por su nombre, pero nadie lo hace, porque él dice que sabe. Mentiras y mentirosos han sido tantos, que en el choque aparece la verdad: El 27 de abril la División Nacional del Departamento de Justicia pidió excluir toda «evidencia, testimonio, preguntas o argumentos» sobre su relación con la CIA, presuntamente terminada en enero de 1976.

Enseguida la Defensa dijo que de eso nada, pues ese vínculo «pone el caso en un contexto, y ese contexto está determinado por la relación de 25 años de Posada con la CIA».Y para que no quedara duda alguna, documentos desclasificados vuelven a iluminar los vínculos con la Central de Inteligencia. En un diagrama de la estructura del CORU (Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas ), hecho por Hernán Ricardo (uno de los que puso la bomba en el avión de Cubana, el 6 de octubre de 1976), se ven claras tres letras, «CIA», y otras tres, «FBI» aparecen cerca de la zona de los «jefes de área». CORU fue fundada por Orlando Bosch y Posada, en junio ¡de 1976!En el Documento Número 7, disponible en el sitio digital del National Security Archive, de la Universidad George Washington, con su puño y letra, Lugo trata de incriminar solo a Hernán Ricardo en el sabotaje del avión escribiendo: «Él me dijo que quería viajar en Cubana porque iva a volar ese avión». El oficial de la policía de Trinidad y Tobago, al hacer la transcripción quiso asegurarse de qué quería decir «volar», y la respuesta resultó categórica: «”Volar” quiere decir “desaparecer”.»También con caligrafía y ortografía propias, un «desclasificado» del 21 de octubre de 1976 revela los recuerdos de Lugo sobre las llamadas hechas por Hernán a Caracas desde Barbados: «[...] en una logré oír que hablaba con su madre y le dijo que le diera el teléfono del Hotel Village Beach en Barbados al sr. Luiz Pozada  [...] Le dijo que llamara al señor Pan y agua y le diera el teléfono del hotel Village Beach en Barbados. Seguro recibió una llamada yo no se de que ni con quien hablaba, si era con el señor Pozada o el señor Pan y agua.»Sobre la identidad de el señor pan y agua aclara: «[...] el me dijo que así se llama un gran amigo de él de nombre Orlando Bosch.»Sin embargo, el pasado 16 de enero el propio fiscal general descartó la extradición a Venezuela del terrorista. «[...] nosotros podemos juzgar el caso» internamente —aclaró a los periodistas de la agencia AP, en Washington, y sin perder tiempo aclaró: «No voy a comentar si lo consideramos o no un terrorista.»Si anteriores documentos que habían dejado de ser secretos en el transcurso de este dilatado proceso probaban la responsabilidad terrorista del inmigrante ilegal y la condición terrorista de Posada, ¿por qué no las presentó el 1º. de febrero, día en que se venció el plazo concedido para que el Gobierno demostrara la legalidad de mantenerlo en prisión por más de seis meses establecidos en el 2001 por el Tribunal Supremo para extranjeros con orden de deportación? ¿Romperán estos nuevos argumentos el silencio del gobierno estadounidense sobre la solicitud de extradición debidamente fundamentada y presentada hace dos años por el gobierno de Venezuela para que sea devuelto a ese país de donde es prófugo desde el 18 de agosto de 1985?Gonzales advirtió en el 2005 su temor a que allí no le respeten sus derechos civiles. El Departamento de Seguridad Interna reconoció que no hay evidencias de posible tortura, pero le bastaron las preocupaciones por la situación de los derechos humanos y el sistema judicial de la nación suramericana, para favorecerlo con  el Convenio Internacional contra la Tortura.En aquella ocasión, «la papa» caliente la pusieron en manos de un juez, William Abbot, de Inmigración, que en menos de 24 horas después de la audiencia del 26 de septiembre de 2005, resolvió que no, que «no debe ser deportado a Venezuela o a Cuba».En manos de nadie ha quedado, también, la aplicación de la Ley Patriota, promulgada, allí mismo. Con aplicarla «y reconocer que la liberación del terrorista “amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona” para impedir su liberación. Le habría bastado con que su Servicio de Inmigración y Aduanas decretara que la liberación de Posada Carriles constituía una amenaza a la comunidad y que se corría el riesgo de que se fugara» —reiteró el Gobierno Revolucionario de la República Cuba, en su Declaración fechada este 9 de mayo.Varios periódicos del mundo, al referirse al caso, mencionan esta semana la investigación en curso en New Jersey acerca de los atentados con bombas contra instalaciones turísticas cubanas, en 1997. Mas, tratándose de un terrorista cubano, pajaro en mano de la Justicia estadounidense, no siempre vale más que cien volando. Muchas más que las posibles pruebas que el Gran Jurado podría recolectar allí, las ofreció ya, y en varias ocasiones, Cuba al FBI. A disposición del mundo se pusieron durante la trasmisión de las vistas correspondiente a la Causa 1 de 1999, contra el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León, mercenario que colocó la bomba causante de la muerte del turista italino Fabio Di Celmo, el 4 de septiembre de 1997. Evidencias de que Posada fue el artífice de esta cadena de atentados pagada por la Fundación Cubana-Americana, desde Miami, hay en ese documento y en el Informe del Relator Especial sobre mercenarismo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de abril del 2000. Testimonios materiales de estas acciones pueden ser vistos por estos días en la exposición «Posada, la CIA y sus aliados: cuatro décadas de terror», en el Centro Internacional de Prensa, de La Habana.Fiscal General como es, ante estas irrebatibles evidencias, Alberto Gonzales, debía recordar el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (diciembre de 1997), y la Resolución 1373 (28 de septiembre de 2001), que obliga a los estados a no proporcionar ningún apoyo activo o pasivo a entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo.¿Le traerá a la memoria la Ley de Neutralidad que ¡desde 1794! declara como crimen federal organizar o iniciar en el territorio de los Estados Unidos una expedición hostil contra otro país con el cual esa nación se encuentra en paz, así como la ejecución, con esos fines, de acciones de reclutamiento de hombres, su entrenamiento, recolección de dinero, ropas, provisiones y el suministro de medios de transporte y armas?Para recordar las leyes y resoluciones, primero el señor Gonzales tendría que pensar diferente. «Si creemos que podemos hacerlo sin poner en riesgo la seguridad nacional de nuestro país al tener que divulgar información que no desearíamos divulgar» —afirmó el 16 de enero de 2007, el mismo día que descartó la extradición.Sobre esto, señor fiscal general, muchos cubanos y gente en el mundo le dirían lo que acaba de opinar sobre la anulación de los cargos migratorios: «Obviamente discrepamos.»