El propio presidente del Consejo de Estado señalaba en esa ocasión que que entre 1998 y 2007, en sólo 9 años, disminuyó en un 33%, es decir, una tercera parte de la tierra cultivada, y llamaba a revertir esa situación: «¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!», enfatizaba.

El propósito fundamental de la nueva ley es estimular la producción de alimentos y reducir su importación, dado el creciente aumento de su precio en los mercados internacionales, así como la incontenible subida del petróleo que repercute también sobre estos.

El Decreto ley 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo no fija límites de extensión a las personas jurídicas, en tanto las naturales tienen autorizadas 13,42 hectáreas que pueden llegar a 40,26 si tuvieran otras tierras.

Todo incremento de tierras estará condicionado a que las existentes estén en plena producción. El área a entregar a cada usufructuario se determinará de acuerdo con las posibilidades de fuerza de trabajo, de recursos para la producción, el tipo de producción agropecuaria para el que se van a destinar.

Los suelos entregados a los agricultores será por un término de 10 años prorrogables sucesivamente, mientras que las entidades autorizadas con la legislación tendrán derecho a permanecer 25 años y a una prórroga similar.

Al evaluar la situación agrícola del país, el presidente Raúl Castro señalaba en el momento actual, alrededor del 75% de la población es urbana, lo que no quiere decir que el 25% restante trabaje en el campo.

»Por lo tanto, no puede quedar una hectárea apta sin sembrar, en primer lugar en la periferia inmediata de cada poblado y ciudad. Es mucho más económico aprovechar óptimamente esas tierras cercanas que el incosteable traslado de trabajadores o estudiantes a grandes distancias, a veces para laborar media jornada. Así evitamos pérdidas y baja productividad.

»Ahí están los magníficos resultados de la agricultura urbana, que sin recurrir a movilizaciones ni a grandes gastos realiza una notable producción de vegetales y ha contribuido al hábito de consumir ese importante alimento y además proporciona empleo a más de 300 mil personas, incluidas unas 67 mil mujeres y alrededor de 40 mil jubilados.

»Son propuestas realistas para un país cuyos recursos no siempre permiten acudir a las modernas tecnologías, muy productivas, pero caras y que además consumen combustible. Las emplearemos cuando se justifique económicamente, como se viene haciendo con la maquinaria e implementos agrícolas, los productos químicos, los sistemas de riego y los cultivos protegidos, con resultados alentadores aunque todavía incipientes».

La ley, que regirá con carácter inmediato, dispone que las tierras ociosas se utilicen de forma racional y sostenible para la producción agropecuaria.

Los usufructos concedidos a personas naturales, incluidos los anteriores al presente Decreto, serán gravados con un impuesto por la utilización de las tierras.

Igualmente se establece que el permiso otorgado es a título personal y no podrá ser cedido o vendido a terceras personas.

El texto define las tierras ociosas entre las que nombra a las que no están en producción agrícola, pecuaria o forestal, con excepción de las que sea necesario dejar en descanso con fines de rotación de cultivos, además de las cubiertas por plantas invasoras.

Podrán entregarse las administradas por empresas estatales, granjas estatales y unidades básicas de producción cooperativa y las abandonadas por más de seis meses por cualquier usufructuario.

En tanto serán autorizadas las personas naturales cubanas, con capacidad legal, que se encuentren aptas físicamente para el trabajo agrícola, cumplan los requisitos establecidos y las tierras que soliciten se encuentren disponibles para su entrega.

La legislación excluye la entrega de áreas declaradas protegidas o en proceso de serlas, además de las destinadas a la defensa del país y las que están arrendadas al Estado por los agricultores pequeños.